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Precarismo en la frontera

Rodolfo Piza | Miércoles 21 enero, 2015


Una sociedad libre no puede ser tal sin promover y respetar el derecho de propiedad de las personas

Precarismo en la frontera

Cuando observamos que más de 17 mil personas viven en la zona fronteriza norte y otros tantos en la zona fronteriza sur, sin tener derecho a la propiedad de los terrenos en los que han vivido o que han cultivado y cuidado, porque una legislación obsoleta se los impide.
Cuando observamos que cientos de miles de costarricenses viven en terrenos precarios en las fronteras marítimas y en las islas de nuestro país, más allá de los 50 metros de zona pública exclusiva, porque una ley les impide ser propietarios o tan siquiera concesionarios reales de los terrenos que cuidan y habitan a nombre propio.
Cuando observamos que cientos de miles de costarricenses viven en terrenos precarios en las áreas rurales, porque una legislación les impuso límites excesivos que les impiden titular sus propiedades.
Cuando observamos que cientos de miles de costarricenses malviven y construyen en terrenos precarios en todas las ciudades y sus alrededores, porque una legislación y reglamentación urbanística restrictivas les imponen límites que les impiden titular sus propiedades y desarrollarlas urbanísticamente.
Cuando observamos esos fenómenos normativos y reglamentarios, producto de una sociedad, de una legislación, de una sobre-regulación, de unos leguleyos; que se niegan a reconocer derechos fundamentales de la gente a tener propiedad y a aprovecharla legítimamente; que se niegan a reconocer que el “precarismo” se debe más a esas regulaciones que a la voluntad de la gente por violentar la ley.
Que se niegan a darle una solución viable, argumentando la proliferación del caos que ellos mismos han provocado.
La informalidad y el precarismo evidencian que la legalidad está divorciada de la realidad. Un divorcio que impone pobreza e incertidumbre a sus víctimas y que disminuye la competitividad de la sociedad donde se asienta.
Allí donde exista un poseedor de buena fe, la legislación debe permitir que exista un propietario, que pueda desarrollar su tierra, sea para sembrarla, construir en ella su negocio, remodelar su vivienda o construir la de sus hijos.
Que tenga un título protegido por la ley, con valor propio y que pueda traspasar o dar en garantía para un crédito. Que le permita acceder con él, a mejores condiciones de vida, para construir o para desarrollar su tierra o su negocio.
Una sociedad no puede prosperar sin reconocer derechos de propiedad para sus poseedores de buena fe. Una sociedad libre no puede ser tal sin promover y respetar el derecho de propiedad de las personas.
En Costa Rica, sin embargo, son cientos de miles los costarricenses a los que una legislación restrictiva les impide desarrollarse dignamente, porque viven siempre con la espada de Damocles sobre sus cuellos, a la espera de que un burócrata decida eliminar su espacio vital y con ello su dignidad.

Rodolfo E. Piza Rocafort
 

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