Constituyente
Luis Alejandro Álvarez redaccion@larepublica.net | Miércoles 23 agosto, 2017
Constituyente
Un grupo de ciudadanos solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización para que los ciudadanos voten si convocan o no a una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar un nuevo texto que, según su interpretación, nos dé una Carta Magna ajustada a los tiempos modernos.
En su interpretación de las cosas, consideran que hay que hacer varias reformas que no deben ser llevadas a cabo mediante el procedimiento establecido para las reformas parciales, dado lo engorroso del trámite y por ser lento.
En una Costa Rica pluripartidaria se complica el proceso de tramitación de iniciativas legislativas para llegar a que sean votadas al plenario, y que se conviertan en ley.
Sin embargo, con una buena negociación se puede agrupar una mayoría calificada para dar el trámite rápido a algunas iniciativas, como ejemplo tenemos la tramitación del impuesto a las personas jurídicas.
Con buena negociación y liderazgo, se puede impulsar el trámite rápido para algunas de las reformas que se requieren.
Nos ahorraríamos miles de millones de colones.
Convocar hoy a una Asamblea Constituyente, no es lo más apropiado y tampoco es urgente.
La Constituyente tendrá una distribución multipartidaria, donde costará igualmente llegar a acuerdos y algunas de las fracciones minoritarias buscarán a cambio de sus votos, tratar de que se tomen en cuenta algunas de sus ponencias.
Muchas de las propuestas que se han hecho para actualizar la constitución actual se pueden manejar con reformas parciales.
Exponer el país a un proceso de la convocatoria a una Constituyente no es lo más atinado en la situación actual del país, uno de los factores a considerar es los miles de millones de colones que tendrán que invertirse en este proyecto.
Un factor a considerarse es el costo de los diputados que haya que elegir, sus dietas, así como el costo de la totalidad del personal de apoyo para la Constituyente.
Una aprobación del texto final por parte de los ciudadanos durante una segunda consulta popular, implicará una nueva elección a nivel nacional.
El proyecto, financieramente, tiene un costo de varios —no pocos— miles de millones de colones que tendríamos que financiar en medio de una crisis fiscal.
Los diputados de hoy, y quienes les sustituyan a partir de mayo próximo, deben buscar tender los puentes y crear los consensos necesarios para evitarnos un gasto que es innecesario.
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